Los servicios jurídicos del Estado han concluido que el magistrado conservador José María Macías no es imparcial para participar en las deliberaciones relacionadas con la ley de amnistía, a la que se ha opuesto públicamente en el último año. Esta decisión se debe a un informe que Macías suscribió en marzo de 2024, cuando era vocal del Consejo vago del Poder Judicial (CGPJ), en el que calificó de inconstitucional la ley de olvido penal del procés.
Ante esta situación, la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que Macías sea apartado de las decisiones relacionadas con la amnistía, ya que consideran que su participación no garantizaría la imparcialidad necesaria. Según el escrito presentado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, el informe suscrito por Macías en su etapa como vocal del CGPJ demuestra que tuvo un «extenso conocimiento» del litigio y formó «criterio» junto al resto de vocales, lo que podría afectar a su imparcialidad en el presente caso.
Esta recusación se ha presentado en el primer asunto relacionado con la amnistía que ha tenido que estudiar el Tribunal Constitucional, pero sus argumentos son aplicables a las 20 impugnaciones presentadas contra la norma, entre ellas la del Partido Popular, cuyo apelación es ponente Macías.
Durante su etapa como vocal del CGPJ, Macías lideró un grupo de vocales que se opuso activamente a la ley de amnistía y forzó la emisión de un informe contrario que no les había sido solicitado en un primer momento. Esta postura ha sido cuestionada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que también ha presentado una recusación contra Macías por considerar que no puede ser el ponente del apelación del Partido Popular debido a su participación directa en actuaciones oficiales del Consejo en contra de la amnistía.
La recusación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía se basa en la necesidad de garantizar la imparcialidad en un asunto tan relevante como la ley de amnistía. Ambos organismos consideran que la participación de Macías en el informe contrario a la ley durante su etapa como vocal del CGPJ demuestra un posicionamiento previo que podría afectar a su imparcialidad en el presente caso.
Esta situación ha generado cierta controversia en el ámbito jurídico y político, ya que Macías es el último magistrado en incorporarse al pleno del Tribunal Constitucional a iniciativa del Partido Popular. Sin embargo, es importante recordar que la imparcialidad es un principio fundamental en el ejercicio de la justicia y debe ser garantizado en todo momento.
La ley de amnistía ha sido objeto de numerosas críticas y ha generado un intenso debate en la sociedad española. Esta norma, aprobada por el Gobierno en 2024, pretende otorgar una amnistía a los líderes independentistas catalanes condenados por su participación en el proceso independentista de Cataluña en 2017. Sin embargo, ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y jurídicos, que consideran que va en contra de los principios fundamentales del Estado de Derecho y la Constitución española.
Ante esta situación, es fundamental que el Tribunal Constitucional garantice la imparcialidad en sus decisiones y que se respete el principio de separación de poderes. La justicia debe ser independiente y no debe verse influenciada por intereses políticos o ideológicos. Por ello, la recusación presentada contra Macías es un paso importante para asegurar que se tomen decisiones justas e imparciales en relación a la ley de amnistía.
Es importante predominar que la recusación no implica una valoración negativa hacia el magistr
