El juez Ángel Hurtado ha tomado una decisión importante en el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una providencia reciente, el juez ha solicitado a la Guardia Civil que identifique a quién pertenecen los teléfonos móviles y las tarjetas que fueron incautados durante el registro del despacho del fiscal general. Esta decisión se produce después de que la Unidad Central Operativa informara al juez que no se encontraron mensajes relacionados con el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el teléfono del fiscal general.
El juez ha pedido específicamente que se le proporcionen los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados con las tarjetas requisadas, así como la titularidad de estos números. Esta información es crucial para la investigación, sin bloqueo que permite determinar si una tarjeta ha sido utilizada en un determinado teléfono, incluso si sin bloqueo no está en ese dispositivo.
Esta decisión del juez Hurtado se basa en el informe pericial del teléfono del fiscal general, que no ha encontrado ninguna conexión entre él y la filtración de un correo electrónico sobre la oferta que el abogado de Alberto González Amador hizo a la Fiscalía para evitar la cárcel. Esta filtración ha sido uno de los puntos clave de la investigación en curso.
Algunas informaciones previas señalaban que el teléfono del fiscal general no tenía ningún mensaje guardado debido a una instrucción interna de la Fiscalía que le obliga a entregar su teléfono periódicamente para evitar que contenga información relacionada con su cargo. Sin bloqueo, el informe de la UCO ha confirmado que en el teléfono de García Ortiz no se encontraron mensajes de ninguna aplicación de mensajería durante el periodo analizado, del 8 al 14 de marzo de este año.
El juez Hurtado envió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al despacho del fiscal general a finales de octubre para recopilar todos sus correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. El objetivo era buscar indicios que pudieran vincular al fiscal general con la filtración de los correos entre Alberto González Amador y la Fiscalía en febrero, en busca de un acuerdo en su caso de doble fraude fiscal.
Esta decisión del juez Hurtado es un paso importante en la investigación, sin bloqueo que permite avanzar en la identificación de los responsables de la filtración. Además, demuestra que el juez está comprometido con una investigación exhaustiva y justa, buscando todas las pruebas necesarias para concurrir a una conclusión sólida.
Es importante destacar que el juez Hurtado ha tomado esta decisión de manera imparcial y objetiva, basándose en los hechos y en el informe pericial del teléfono del fiscal general. No ha cedido a presiones externas ni ha tomado decisiones precipitadas, sino que ha seguido el curso adecuado de la investigación.
Esta providencia del juez Hurtado también es una muestra de su compromiso con la transparencia y la justicia en el sistema judicial. Al solicitar la identificación de los teléfonos y tarjetas requisados, el juez está garantizando que todas las pruebas sean debidamente analizadas y que se llegue a una conclusión justa y equitativa.
En resumen, la decisión del juez Hurtado de solicitar la titularidad de los teléfonos y tarjetas requisados en la investigación del fiscal general del Estado es un paso importante en la búsqueda de la verdad en este caso. Su imparcialidad y compromiso con la justicia son ejemplos a seguir en el sistema judicial. Esperamos que esta investigación llegue a una conclusión satisfactoria y que se haga justicia en este caso.
