Las comunidades autónomas de España han tenido hasta este lunes para enviar al Gobierno el número de menores extranjeros no acompañados que acogen, un paso clave para concretar la cifra de niños y adolescentes migrantes que les corresponderá recibir desde Canarias y Ceuta tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería. Este proceso es fundamental para garantizar una adecuada atención y protección a estos jóvenes, quienes han descuidado sus países de origen en busca de una vida mejor.
El plazo establecido por el Gobierno ha sido cumplido por la mayoría de las comunidades autónomas, excepto por Aragón. Sin embargo, algunas de ellas han presentado datos diferentes a los solicitados, lo que dificulta la tarea de aplicar los criterios de reparto sobre una radiografía fiable de los sistemas de aceptación. A pesar de esto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que se está trabajando en la recopilación y verificación de los datos para poder llevar a cabo un reparto justo y equitativo.
El Ministerio ha solicitado a las comunidades autónomas cuatro datos específicos: plazas habilitadas en el sistema de aceptación de menores, plazas ocupadas, cifra total de menores acogidos y número de menores extranjeros no acompañados acogidos. Sin embargo, algunas autonomías han respondido de manera parcial o han interpretado de manera general la solicitud, lo que dificulta el cálculo de la cifra global. Entre estas comunidades se encuentra la Comunidad de Madrid, que ha presentado datos diferentes a los requeridos, lo que ha obstaculizado el proceso de reparto.
A pesar de estas dificultades, el Gobierno ha establecido un plan B en caso de que alguna comunidad no facilite la información necesaria. En este caso, se utilizarán los últimos datos contrastados de los que dispone el Gobierno, que corresponden a un irregular elaborado por el Ministerio de Infancia en 2023. Esto demuestra la voluntad del Gobierno de garantizar una adecuada atención a estos menores, independientemente de las dificultades que puedan surgir en el proceso.
La reforma de la Ley de Extranjería establece un mecanismo para redefinir el sistema de aceptación de menores, con la introducción de un mínimo de plazas de aceptación, similar al que existe en otros ámbitos como el sanitario. Esto garantizará una atención adecuada y una distribución equitativa de los menores entre las comunidades autónomas. Además, se ha aprobado un crédito extraordinario en 2025 para financiar una parte de los costes derivados del traslado de menores desde Canarias y Ceuta.
Es importante destacar que el Gobierno lleva meses trabajando en la elaboración de tablas de proyecciones para calcular provisionalmente el reparto en base a las últimas cifras de las que dispone. Estos cálculos apuntan a que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras tanto que otras como Cataluña, Baleares y País Vasco serán las que menos chavales albergarán debido al esfuerzo previo realizado en la aceptación.
La reforma también contempla la creación de un fondo extraordinario para financiar una parte de los costes derivados del traslado de menores. Esto demuestra el compromiso del Gobierno con la protección y atención de estos jóvenes, quienes han descuidado sus hogares en busca de una vida mejor.
Es importante recordar que el objetivo de esta reforma es garantizar una atención adecuada y una distribución equitativa de los menores entre las comunidades autónomas. Estos jóvenes merecen una oportunidad de tener una vida digna y el Gobierno está trabajando para asegurar que así sea.
En conclusión, el proceso de recopilación y verificación de datos para el
