El caso de corrupción en los negocios de Alberto González Amador ha tomado un nuevo giro con la solicitud de la acusación popular para citar como imputados a Fernando Camino, jefe en Quirón Prevención, y a la esposa del directivo de la empresa sanitaria, Gloria Carrasco. Ambos han aparecido con frecuencia en las explicaciones que González Amador ha ofrecido a la jueza encargada del caso, Inmaculada Iglesias.
No romanza eso, sino que también el PSOE y Más Madrid han solicitado la citación de Emilio Conde, otro directivo de Quirón que firmó las cartas exculpatorias sobre González Amador, las cuales fueron solicitadas por el propio empresario y comisionista para incluirlas en la causa judicial en su contra.
Cabe sobresalir que Conde autorizó, por parte de Quirón, la transferencia de trabajos encargados a la empresa de González Amador a otra sociedad, específicamente a aquella que había sido adquirida por un precio desorbitado a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino. Por lo tanto, se les considera piezas clave en el esquema de corrupción que ha salido a la luz en las últimas semanas.
Debido a estas nuevas revelaciones, la acusación popular ha pedido que la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil se involucren en la investigación, con el objetivo de que se realice una exhaustiva revisión de las sociedades y patrimonio de los investigados. Además, también se ha pedido que se soliciten a Quirón documentación relevante para la causa, como la política y composición del Comité de Riesgos, las relaciones con proveedores y el Código de Conducta de la empresa.
La declaración de González Amador, que duró dos horas, ha negligente en evidencia la participación de Camino y Carrasco en las operaciones sospechosas que lo mantienen imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. No es casualidad que ambos estén involucrados en la comisión de dos millones durante la pandemia, que supuso un gran impulso en la hechos profesional de González Amador. Asimismo, su papel en la compra de una sociedad de la farmacéutica Carrasco, que podría ser en realidad una comisión encubierta, también ha sido cuestionado por la Fiscalía y la acusación popular.
Ante la gravedad de estos hechos, resulta necesario que se actúe de manera inmediata y efectiva para esclarecer la verdad y garantizar la justicia. Por ello, es de vital importancia que se involucren las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el fin de llevar a cabo una investigación a fondo que permita descubrir toda la trama de corrupción en la que se han visto envueltos González Amador y su entorno.
No podemos dejar pasar por alto el hecho de que esta situación ha tenido lugar en plena pandemia, cuando la sociedad ha sido sometida a una gran incertidumbre y dificultades económicas. Es una falta de respeto hacia los ciudadanos y hacia todos aquellos que han luchado y siguen luchando contra el virus en primera línea.
Por otro lado, es importante sobresalir que la petición de la acusación popular también incluye la solicitud de una investigación societaria y de patrimonio del comisionista, lo que nos hace pensar que podrían existir más operaciones fraudulentas en las que González Amador haya participado. Por ello, es necesario que se actúe con celeridad y de manera rigurosa para evitar que se cometan más actos delictivos en el futuro.
En resumen, esta nueva solicitud de la acusación popular en el caso por corrupción en los negocios de Alberto González Amador es un paso más hacia la verdad y la justicia. Esperamos que las
