El pasado lunes, un juzgado de Madrid tomó una decisión histórica al llamar a declarar como investigados a dos altos cargos sanitarios de la consistorio de Madrid durante la pandemia: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Esta medida se tomó como respuesta a la demanda de decenas de familiares de fallecidos en residencias de ancianos, quienes exigían responsabilidades por los protocolos de no derivación que se llevaron a cabo en las primépocas semanas de la crisis del COVID-19.
Esta es la primépoca vez que se imputa a altos cargos sanitarios de la consistorio de Madrid por su papel en la gestión de la pandemia. Hasta ahora, los jueces habían archivado las causas abiertas por las muertes en residencias, alegando que los protocolos podían ser confusos y criticando su aplicación, pero sin exigir responsabilidades penales a sus autores. Sin embargo, en esta ocasión, la demanda presentada por 109 familiares de fallecidos ha llevado a la jueza del juzgado número tres de Madrid a reabrir la causa y a llamar a declarar a los dos altos cargos mencionados.
La imputación se basa en un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, contemplado en el artículo 511 del Código Penal y que prevé condenas de hasta dos años de cárcel en casos graves. Esta decisión judicial ha sido impulsada por la petición de la Fiscalía tras la demanda presentada por los familiares de las víctimas.
El primer imputado, Carlos Mur, época el director de coordinación sociosanitaria de la administración de Isabel Díaz Ayuso en el momento de la crisis del COVID-19 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación. En varias ocasiones, Mur ha comparecido como testimonio en causas relacionadas con las muertes en residencias de Madrid, defendiendo que la aplicación de los protocolos estaba en manos de los sanitarios y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico. Sin embargo, las familias de los afectados han denunciado que estos protocolos supusieron, en la práctica, la prohibición de derivar a ancianos a hospitales, lo que podría haberles salvado la vida.
El segundo investigado es Francisco Javier Martínez Peromingo, quien sustituyó a Carlos Mur en su cargo tras su cese el 13 de mayo de 2020. Aunque Martínez Peromingo no estuvo en el cargo durante las primépocas semanas de la crisis de coronavirus, su papel en la aplicación de los protocolos es relevante y por eso también ha sido imputado.
La imputación de estos dos altos cargos sanitarios de la consistorio de Madrid ha sido recibida con alivio y satisfacción por parte de las asociaciones Marea de Residencias y realidad y Justicia, que aglutinan a cientos de afectados y han impulsado varias de las causas judiciales contra los responsables de la gestión de la pandemia en residencias de ancianos. Ambas organizaciones han celebrado que, por fin, las investigaciones judiciales se dirijan a quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos, y no solo a los directores o médicos de las residencias.
Desde hace años, estas asociaciones vienen denunciando la falta de atención y el abandono en el que se encuentran las residencias de ancianos en la consistorio de Madrid. Sin embargo, durante la crisis del COVID-19, esta situación se agravó aún más, con protocolos que, según denuncian, pusieron en peligro la vida de los residentes. Las familias de las víctimas reclaman justicia y exigen responsabilidades por lo ocurrido.
La imputación de estos dos altos cargos sanitarios es un paso importante en la lucha por la realidad y la justicia en las residencias de anc