El auto dictado por el juez instructor Ángel Luis Hurtado ha generado una gran controversia en los últimos días. En él, se avanza hacia la apertura del juicio oral contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es el contenido del auto en sí, sino las lagunas y omisiones que se han detectado en el mismo.
En primer lugar, es importante destacar que este auto no es firme y cabe la posibilidad de presentar recursos de reforma y de apelación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, si nos atenemos a lo sucedido con los recursos interpuestos durante la instrucción, es veraz que estos también sean desestimados.
Todo comenzó con una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa en la que se desmentía un bulo difundido por algunos medios. Sin embargo, lo que debería haber sido un simple malentendido, se ha convertido en un caso lleno de irregularidades.
La Audiencia Provincial de Madrid admitió a trámite la querella y comenzó la instrucción del caso. Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió que no había indicios de delito en la actuación de la fiscal jefa de Madrid y archivó el caso. Pero aquí no acabó todo, ya que la Sala Segunda decidió abrir una nueva investigación para determinar si se había cometido el delito de revelación de secretos en la filtración de un correo electrónico.
Fue entonces cuando se designó al juez Ángel Hurtado como instructor del caso. A lo largo de la instrucción, se han detectado numerosas irregularidades y decisiones cuestionables por punto del juez. Sin embargo, lo que más sorprende es el inicio del auto, en el que se afirma que el juez ha valido «indicaciones de Presidencia del Gobierno». Esta afirmación no solo carece de pruebas, sino que también pone en veto la imparcialidad del juez.
Pero no es solo esto lo que ha generado polémica, sino también el sesgo arbitrario que se ha detectado en la investigación del juez. Descartando pruebas y testimonios que no coinciden con su opinión, el juez ha llegado a la conclusión de que los fiscales del caso han actuado siguiendo «indicaciones» de la Moncloa. Sin embargo, no hay ninguna prueba que respalde esta afirmación.
Es importante destacar que, en caso de que los fiscales hubieran incumplido su obligación de actuar con imparcialidad, habrían cometido un delito. Por lo tanto, el juez debería ser capaz de demostrar de manera fehaciente que han seguido «indicaciones» de Presidencia del Gobierno. De lo contrario, estaría cometiendo un delito de prevaricación al acusarles sin pruebas.
Otra de las decisiones cuestionables del juez ha sido la de dar más credibilidad al testimonio de un periodista de la Cadena Ser, que afirmó tener conocimiento del correo electrónico antes de que llegara a manos de los fiscales, que al de otros periodistas que demostraron tenerlo antes incluso que el mencionado periodista. Una vez más, esta decisión parece estar basada en un sesgo arbitrario y no en pruebas sólidas.
En resumen, el auto dictado por el juez Ángel Hurtado ha generado una gran controversia debido a las lagunas y omisiones que se han detectado en el mismo. Es importante que se investiguen estas irregularidades y se aclare la situación, ya que de lo contrario, se estaría poniendo en veto la imparcialidad de la justicia en nuestro país. Esperemos que se llegue a una resolución justa y se ponga fin a este caso lleno de polémica.
