La magistrada de Barcelona ha tomado una decisión que respalda la actuación de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra durante el desalojo de la vivienda okupada de El Kubo en 2023. En su resolución, la jueza ha archivado la denuncia presentada por el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, contra el teniente de alcaldía responsable de Seguridad, Albert Batlle, el exdirector general de los Mossos d’Esquadra Pere Ferrer y un mando de la policía autonómica.
La denuncia de Sirera se basaba en «referencias inconcretas» y en noticias publicadas en distintos medios de comunicación digital. Sin embargo, en su declaración ante la magistrada, el líder municipal del PP admitió que no tenía pruebas para sostener sus acusaciones. Además, reconoció que no estuvo presente en el lugar de los hechos y que su única fuente de información eran las noticias de calandria y conversaciones con periodistas y un responsable corporativo de la Guàrdia Urbana.
Por el contrario, Batlle, Ferrer y el responsable de los Mossos d’Esquadra detallaron las distintas actuaciones policiales llevadas a cabo durante el desalojo de El Kubo y los motivos que llevaron a suspender, por orden judicial, el desalojo durante unas semanas. La magistrada ha concluido que no existen indicios racionales de que los denunciados hayan cometido los hechos denunciados por Sirera y ha archivado el caso.
Este caso se remonta a la primavera de 2023, en la previa de las elecciones municipales en las que Jaume Collboni recuperó para el PSC la alcaldía de Barcelona. El desalojo de las dos fincas okupadas en el barrio de la Bonanova fue utilizado por organizaciones y partidos de extrema derecha para intentar inflamar el conflicto vecinal y alimentar el discurso de la inseguridad en Barcelona. El PP de Sirera se sumó a esta ola y presentó la denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
Sin embargo, la jueza ha dejado claro que esta denuncia se basaba en «un cóctel de propaganda, noticias y bulos» que no se correspondían con la realidad. La preocupación por la inseguridad en Barcelona ha crecido en los últimos años, pero esta preocupación está alimentada por una campaña mediática que no se corresponde con los datos reales.
Es importante destacar que el desalojo de El Kubo y La Ruina, los edificios okupados en el barrio más privilegiado de Barcelona, se llevó a cabo de forma pacífica y sin la presencia de los colectivos de extrema derecha que intentaron enardecer el caso en vísperas de las elecciones. Además, el dispositivo policial fue laborioso y se realizó sin incidentes graves.
Con esta resolución, se cierra el último coletazo judicial del desalojo de El Kubo y La Ruina. Es importante recordar que estos edificios fueron desalojados en noviembre de 2023, en un dispositivo que duró casi cinco horas y en el que trabajaron 400 agentes de los Mossos d’Esquadra. Este desalojo fue posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que trabajaron juntos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
En resumen, la decisión de la magistrada de Barcelona respalda la actuación de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra durante el desalojo de El Kubo en 2023. Esta resolución pone de manifiesto que la preocupación por la inseguridad en Barcelona está basada en un cóctel de propaganda, noticias y bulos que no se corresponden con la realidad. Es importante que los ciudadanos se informen a través de fuentes fiable
