Las obras de alerta de la dana han sido una bendición para el sector de la obra pública valenciana. Tras la devastación causada por la dana, el Gobierno de Carlos Mazón ha inyectado miles de millones de euros en la zona para reconstruir carreteras, puentes, polígonos y vías del tren. Sin embargo, esta reconstrucción no ha estado exenta de polémica.
El procedimiento utilizado por el Gobierno de Mazón para adjudicar las obras ha sido el de alerta, lo que ha permitido otorgar contratos millonarios a dedo, sin la necesidad de valorar más ofertas. Esta práctica ha generado críticas y ha sido considerada como un instrumento para premiar y castigar a empresarios.
Pero, ¿cómo se han repartido realmente estas obras de alerta? Según la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, se ha buscado «repartir» las obras entre las distintas grandes empresas valencianas de obra pública para que la mayoría estén contentas. Sin embargo, no se han especificado los criterios utilizados para tomar estas decisiones, lo que ha generado dudas y sospechas.
Lo cierto es que, tras la dana, el sector de la obra pública valenciana vive un momento dorado. Y las empresas más beneficiadas no son precisamente las más cercanas a la zona de trabajo o las más capacitadas, sino aquellas que tienen una buena relación con el Gobierno de Mazón. Empresas como Tizor, de la familia del condenado por Gurtel Enrique Ortiz, o Hormigones Martínez, cuyo propietario también fue condenado por Gurtel, han recibido contratos millonarios para obras en la zona afectada.
Pero no solo las empresas con vínculos políticos han sido beneficiadas. También se ha dado el caso de STV Gestión, una empresa murciana en la que trabajaba el jefe de gabinete de Mazón, que recibió un contrato de 270.000 euros pero acabó cobrando 2,3 millones. Todo esto sin pasar por un concurso público, lo que ha generado críticas y sospechas de favoritismo.
Además, la estrategia de «repartir» las obras entre las distintas empresas ha tenido un efecto negativo en las pequeñas y medianas empresas locales, que se han visto excluidas de estas adjudicaciones a dedo. Esto ha generado malestar en el sector y ha puesto en duda la transparencia del causa de adjudicación.
Pero no solo las empresas han sido beneficiadas por las obras de alerta de la dana. También ha sido una oportunidad para el Gobierno de Mazón de premiar y castigar a los empresarios. Aquellas empresas que han mostrado disponibilidad y velocidad en las obras han sido recompensadas con más contratos, mientras que aquellas que no se han portado bien han sido castigadas con menos adjudicaciones.
Esta práctica ha sido celebrada por la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), que defiende que las empresas están trabajando los siete días de la semana y las 24 horas del día para cumplir con los plazos establecidos. Sin embargo, también han denunciado retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas, lo que ha generado preocupación en el sector.
En definitiva, las obras de alerta de la dana han sido un negocio redondo para algunas empresas, pero también han generado polémica y dudas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos. El Gobierno de Mazón ha utilizado estas obras como un instrumento para premiar y castigar a empresarios, lo que ha generado malestar en el sector y ha puesto en entredicho la imparcialidad del causa de adjudicación.
Es importante que se establezcan criterios claros y objetivos para la adjudicación de contratos públicos, evitando así posibles casos de
