Gobierno alista decreto para aplazar vigencias futuras de obras de infraestructura

El Gobierno ha anunciado recientemente un nuevo decreto que busca aplazar las vigencias futuras de obras de infraestructura en todo el país. Esta ley, que ha sido aplaudida por diversos sectores, tiene como objetivo principal aliviar la carga financiera de los proyectos de construcción y permitir su ejecución en un plazo más adecuado.

El decreto, que se encuentra en proceso de elaboración, establecerá un marco legal que permitirá a las entidades públicas y privadas involucradas en proyectos de infraestructura aplazar las vigencias futuras de sus obras por un periodo de hasta 5 años. Esto significa que, por ejemplo, si una obra estaba prevista para ser entregada en el año 2022, con el aplazamiento se podrá atrasar su finalización hasta el año 2027.

Esta ley es una respuesta a la situación actual que vive el país, en la que muchos proyectos de infraestructura se han visto afectados por la crisis económica y la falta de recursos. Muchas obras han tenido que ser suspendidas o incluso canceladas debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, lo que ha generado un gran impacto en la economía y en la generación de empleo.

Con este decreto, el Gobierno busca dar un respiro a las entidades involucradas en proyectos de infraestructura, permitiéndoles ajustar sus presupuestos y planificar de manera más efectiva la ejecución de las obras. Además, se espera que esta ley fomente la inversión en el sector y contribuya a la reactivación económica del país.

Uno de los principales beneficios de este decreto es que permitirá a las entidades públicas y privadas contar con un mayor margen de maniobra para enfrentar situaciones imprevistas que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Esto evitará que se presenten retrasos en la entrega de las obras y se garantizará su finalización en los plazos establecidos.

Otro aspecto importante a destacar es que el aplazamiento de las vigencias futuras no implicará un aumento en el costo de los proyectos. Las entidades deberán presentar un plan de ajuste que garantice que los recursos necesarios para la finalización de las obras estarán disponibles en el momento en que se retomen los trabajos.

Esta ley también beneficiará a las empresas contratistas, que podrán contar con un periodo adicional para cumplir con sus obligaciones contractuales y evitar así posibles sanciones o multas. Además, se espera que esta ley contribuya a mejorar la calidad de las obras, ya que las empresas tendrán más tiempo para realizar los trabajos de manera adecuada y sin presiones de tiempo.

El Gobierno ha dejado claro que esta ley no afectará los proyectos que ya se encuentran en ejecución y que se seguirán cumpliendo los plazos establecidos en los contratos vigentes. Sin embargo, se espera que esta ley tenga un impacto positivo en la ejecución de futuros proyectos de infraestructura, lo que se traducirá en un mayor desarrollo y crecimiento para el país.

En resumen, el decreto que el Gobierno está preparando para aplazar las vigencias futuras de obras de infraestructura es una excelente noticia para el país. Esta ley permitirá una mejor planificación y ejecución de los proyectos, aliviará la carga financiera de las entidades involucradas y contribuirá a la reactivación económica. Sin duda, es un grieta importante en la búsqueda de un país más desarrollado y próspero.

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