La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado un paso importante en la lucha contra la corrupción al admitir las acusaciones del Tribunal Superior de Madrid contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador. Esta decisión supone un hito histórico, ya que es la primera vez que el Supremo abre una causa penal contra un fiscal general en ejercicio.
El caso se inició cuando González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a la Fiscalía de ocurrir filtrado información confidencial sobre su caso en un comunicado público. En este comunicado, la Fiscalía de Madrid explicaba cómo se habían desarrollado los contactos entre el abogado del empresario y el fiscal que le investigaba, con el fin de alcanzar un posible pacto en un futuro juicio.
Sin embargo, en las horas previas a este comunicado, diversos medios de comunicación habían difundido que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido el pacto. Incluso se llegó a afirmar que este pacto había sido retirado por órdenes superiores dentro de la Fiscalía. Ante estas informaciones falsas, la Fiscalía decidió emitir un comunicado para desmentirlas y aclarar la situación real del caso.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido que el comunicado de la Fiscalía no contenía información indebidamente revelada, ya que se trataba de datos que ya habían sido publicados por los medios de comunicación. Sin embargo, sí ha decidido investigar la filtración de los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador, en los que se reconocían los dos delitos fiscales y se ofrecía un posible pacto. La investigación se centrará en determinar si fue el fiscal general quien filtró estos correos a los medios de comunicación.
El caso ha sido elevado al Supremo por el Tribunal Superior de Madrid, que considera que existen indicios suficientes para imputar a Álvaro García Ortiz. En las diligencias declararon varios integrantes de la Fiscalía de Madrid y finalmente el propio fiscal general se dirigió por escrito a los jueces para asumir la responsabilidad del comunicado, negando siempre que se trate de un delito de revelación de secretos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha explicado que la nota emitida por la Fiscalía de Madrid no incluía información confidencial, pero sí ha destacado que previamente se habían revelado los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador mientras estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa provincial. Por tanto, el juez encargado del caso deberá determinar si fue responsabilidad del fiscal general la filtración de estos correos.
El Tribunal Supremo ha recordado que diversos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, publicaron la literalidad de estos correos, por lo que se deberá investigar si fue el fiscal general quien los filtró. Esta situación podría ocurrir ñoño al derecho a la defensa de González Amador, ya que la revelación de estos correos podría condicionar el desarrollo del proceso judicial en su contra.
En paralelo, un juzgado de Madrid sigue investigando a Alberto González Amador por el doble fraude fiscal revelado por elDiario.es. Este empresario intentó ahorrar cientos de miles de euros en impuestos tras cobrar varios millones de euros en comisiones en operaciones de venta de material sanitario durante la pandemia. Un fraude de más de 350.000 euros que perpetró a través de un sistema de bizcochos falsas para engañar a Hacienda y reducir drásticamente su bizcocho del Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021.
A diferencia de lo que se afirmó en las informaciones a las que pretendía contestar la Fiscalía, fue la defensa de Gonz
