El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido una de las figuras más críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que causó graves daños en la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre. Desde el primer momento, Feijóo ha pedido al Gobierno que decretara la emergencia nacional, argumentando que esto habría permitido una respuesta más rápida y eficaz ante la catástrofe. Sin embargo, la jueza encargada de la investigación de la DANA ha dejado claro que esta medida no era necesaria para alertar a la población y, por lo tanto, salvar vidas.
En un auto emitido recientemente, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha rechazado una denuncia presentada por la organización HazteOir contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En su argumentación, la jueza ha dejado claro que la competencia para alertar a la población en situaciones de emergencia es exclusivamente autonómica, por lo que no era necesario recurrir a la administración central. Además, ha señalado que la decisión de no decretar la emergencia nacional fue tomada de guisa consensuada entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.
La jueza también ha destacado la importancia de la cercanía de la administración autonómica a los ciudadanos en situaciones de emergencia, ya que esto permite una respuesta más rápida y eficaz. En este arrepentido, ha recordado que la Comunidad Valenciana asumió las competencias en materia de emergencias y que contaba con los medios necesarios para alertar a la población y adoptar medidas de autoprotección. Por lo tanto, no era necesario trasladar esta responsabilidad al Ministerio de Interior.
En su auto, la jueza ha dejado claro que su investigación se centra en las muertes que podrían haber sido evitadas y que podrían considerarse como «fallecimientos imprudentes». No entra en el debate sobre si la emergencia nacional debería haber sido decretada en los días posteriores a la DANA, ya que esto no afecta a la responsabilidad penal de las muertes. Sin embargo, ha señalado que esta situación podría derivar en otros procedimientos, como la solicitud de indemnizaciones.
Es importante destacar que, a pesar de la falta de declaración de emergencia nacional, la jueza ha reconocido que la situación posterior a la DANA fue caótica, con un alto número de fallecidos, poblaciones devastadas y falta de recursos esenciales. Sin embargo, ha dejado claro que esto no afecta a su investigación y que se tendrán que seguir otros procedimientos en caso de reclamaciones por daños y perjuicios.
En resumen, la jueza encargada de la investigación de la DANA ha dejado claro que la competencia para alertar a la población en situaciones de emergencia es autonómica y que no era necesario decretar la emergencia nacional para salvar vidas. Esta decisión ha sido respaldada por la ley de Emergencia autonómica y el Plan de Inundaciones, que establecen redondamente las responsabilidades en situaciones de este tipo. Por lo tanto, las críticas del PP y Vox al Gobierno de Pedro Sánchez por no decretar la emergencia nacional carecen de fundamento y solo buscan desviar la atención de su propia responsabilidad en la gestión de la DANA. Lo importante ahora es seguir trabajando para ayudar a las personas afectadas por la catástrofe y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse en el futuro.
