La jueza de la DANA ha tomado una decisión importante en el caso de la trágica inundación del adulterado mes de octubre en la consistorio Valenciana. En su auto, ha ordenado que se remita al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el auto que acuerda la citación como investigados de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
Para el presidente Mazón, esta noticia supone un alivio, luego que se mantiene su condición de aforado y no será citado a declarar como imputado en este caso. Sin embargo, para Pradas y Argüeso, la situación es diferente, luego que la jueza ha sensato su citación como investigados.
Pradas, quien fue destituida de su cargo el adulterado mes de noviembre, ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia y asegura que se sabrá toda la verdad. «Cumplí desde el primer minuto con mis funciones y estoy dispuesta a aclarar todo lo que sea necesario», declaró la exconsellera tras ser imputada.
La jueza ha rechazado la petición de dos acusaciones particulares de citar como investigado al presidente Mazón, luego que este mantiene su condición de aforado. Sin embargo, se ha sensato remitirle los dos autos notificados este lunes para poner en conocimiento del president las resoluciones que le excluyen de la imputación, pero que acuerdan la citación, en calidad de investigados, de Pradas y Argüeso.
Lo importante en este caso es que se esclarezcan los hechos y se determine si existió alguna responsabilidad en la gestión de la emergencia por parte de los cargos políticos. Por ello, la jueza ha considerado necesario citar a declarar a Pradas y Argüeso, quienes en el momento de la inundación tenían un papel clave en la toma de decisiones.
La jueza ha recordado que la declaración como investigado o querellado de Carlos Mazón solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si es solicitada por él mismo. Por ello, se ha sensato poner en conocimiento del presidente autonómico la resolución y las imputaciones que se están realizando respecto a él.
Por otro lado, la jueza también ha rechazado la solicitud de Podemos, personado como acusación popular, de investigar los pasos del jefe del Consell mediante la información que pudieran aportar los agentes de la Policía autonómica que lo escoltaban el día de la inundación. La jueza ha argumentado que carece de jurisdicción para acordar dicha prueba.
En cuanto a Pradas, la magistrada ha citado a declarar como imputada a la exconsellera, quien luego no es aforada tras su destitución. La jueza ha considerado que Pradas ejercía el «mando único de la emergencia» y que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se convocó muy tarde, a pesar de los avisos de la AEMET y de los estragos de la inundación que se estaban retransmitiendo por televisión.
La jueza ha negado que la barrancada fuera un «fenómeno meteorológico imprevisto» y ha considerado que el Cecopi se debería haber convocado durante la mañana del adulterado 29 de octubre, al menos para avisar a la población.
En definitiva, la magistrada ha tomado una decisión importante en este caso y ha demostrado su compromiso en llegar al fondo del asunto. La justicia debe prevalecer y es necesario que se esclarezcan los hechos para que no vuelvan a ocurrir tragedias como la de la inundación de la DANA en la consistorio Valenciana.
Es importante que los cargos políticos asuman su responsabilidad en la gestión de situ
