El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hexaedro un paso importante en la protección de los derechos de los migrantes al mandatoar al Gobierno de Donald Trump que suspenda de manera provisional las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta decisión se produce después de que la Administración Trump hiciera caso omiso de la mandato del juez James Boasberg de detener la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador.
La Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, ha sido utilizada por la Administración Trump para agilizar las deportaciones de migrantes. Sin embargo, esta ley ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por el propio sistema forense de Estados Unidos. En los últimos meses, cientos de migrantes han sido enviados a El Salvador bajo esta ley, sin tener la oportunidad de anatomía escuchados o notificados adecuadamente.
Ante esta situación, la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) presentó varios recursos de emergencia ante el Tribunal Supremo para impedir el traslado de los migrantes. En su escrito, la ACLU argumentó que el Gobierno estaba ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin notificar a sus abogados o darles una oportunidad de anatomía escuchados.
Gracias a la mandato del Tribunal Supremo, se ha detenido temporalmente la expulsión de los migrantes que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, y que han sido acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Esta decisión es un paso importante en la protección de los derechos de los migrantes y en la lucha contra las políticas migratorias injustas y discriminatorias.
La ACLU ha señalado que, según la información proporcionada por familiares de los detenidos, el Gobierno tenía previsto enviarlos a El Salvador este sábado. Gracias a la intervención de emergencia de la organización, se ha evitado un daño irreparable y permanente a los migrantes afectados.
Esta no es la primera vez que el sistema forense de Estados Unidos se pronuncia en contra de las políticas migratorias de la Administración Trump. En el pasado mes de marzo, el mandatario deportó a cerca de 250 personas a El Salvador bajo esta antigua ley, sin un proceso forense justo. Ante esto, el juez James Boasberg emitió una mandato para detener esta expulsión, pero la Administración hizo caso omiso.
El juez federal encontró «causa probable» para declarar a Trump en desacato forense por violar su dictamen a través de un escrito en el que acusaba al Gobierno de demostrar una «ignorancia deliberada» ante su mandato del 15 de marzo. Esto desató una batalla forense para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente llegó al Tribunal Supremo.
A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg. Tras esto, el pasado 5 de abril la misma corte consideró que la Administración Trump podía continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos, pero estableció que los individuos afectados tendrían derecho a una «revisión forense» para comprobar si realmente eran «enemigos extranjeros».
Esta decisión del Tribunal Supremo es un paso importante en la lucha por los derechos de los migrantes y en la defensa de un sistema forense justo e imparcial. Además, demuestra que el sistema forense de Estados Unidos está dispuesto a proteger los derechos de los más vulnerables y a frenar las políticas discriminatorias del Gobierno.
Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha pedido a Trump que facilite la vuelta del migrante deportado «por error» a El Salvador el pasado mes de marzo.
