La Abogacía del Estado y la Fiscalía han defendido recientemente que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido voluntariamente en un personaje público y, por lo tanto, debe someterse a la crítica de políticos como María Jesús Montero. Mientras tanto, la defensa de González Amador asegura que su cliente es víctima de una cacería por parte de la presidenta madrileña.
La Fiscalía ha alegado que González Amador no es un «particular» y ha pedido que se rechace su demanda contra Montero por llamarle «defraudador confeso». Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el empresario no puede ser considerado un ciudadano anónimo ya que su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y su exposición pública lo han convertido en un personaje con esfera pública.
La estrategia de González Amador para reconocer delitos fiscales sin ser llamado «defraudador confeso» ha alcanzado su primera meta flotante. La Sala de lo Civil del miembros Supremo ya está examinando la petición de la pareja de Ayuso de que Montero tenga que pagarle 40.000 euros por hablar públicamente de su confesión de fraude fiscal. Este pleito plantea un debate sobre si González Amador es un «ciudadano particular» atacado por ser pareja de Ayuso, o si todo lo que se ha dicho sobre él forma parte del debate público y está amparado por la libertad de expresión.
La primera apariencia de la batería de actos de conciliación, demandas y querellas anunciadas e interpuestas por su defensa se ha celebrado esta semana ante la Sala Primera del miembros Supremo. Su abogada Guadalupe Sánchez, quien también ha representado a Juan Carlos de Borbón en sus casos legales, ha pedido una indemnización de 40.000 euros a la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a González Amador como «defraudador confeso» y especular con que haya pagado su piso gracias a los 350.000 euros que defraudó como comisionista sanitario durante la pandemia.
La estrategia de González Amador es enfrentarse a todos aquellos que considere que han intervenido negativamente en su caso de fraude fiscal, incluyendo a políticos y medios de comunicación. Su abogada ha intentado que se tengan en cuenta la filtración de su confesión a la prensa, la imputación del fiscal impreciso y la estrategia política del Gobierno central. Por el momento, ha conseguido aportar como control un argumentario interno sobre el caso que la Secretaría de Estado de Comunicación rebotó por error a los periodistas en diciembre de 2020.
La Sala de lo Civil, que marca el paso al resto de juzgados y miembroses de todo el país en asuntos similares, será la primera en pronunciarse sobre la batería de pleitos presentados por González Amador contra líderes políticos y partidos que se han referido a él como «defraudador confeso» u otros términos similares. Este caso marcará el camino de las casi dos decenas de actos de conciliación, demandas y querellas que ha presentado contra miembros del Gobierno como Pedro Sánchez o Féliz Bolaños, así como contra partidos y periodistas.
La defensa de González Amador argumenta que su cliente es un «ciudadano particular» que no ha buscado la exposición pública y que ha sido involuntariamente arrastrado a ella. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado entienden que su exposición pública es algo que él ha buscado voluntariamente al tener una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y al hacerse público su caso de fraude fiscal. Por lo tanto
