El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a generar controversia con una de sus acciones en su primer año de mandato. Esta vez, ha emitido un decreto para vetar a las personas transexuales del servicio general, una decisión que ha sido respaldada por el Tribunal Supremo.
La resolución de emergencia del alto tribunal surge a raíz de un recurso presentado contra la orden ejecutiva de Trump, en la que se establecía que las personas trans no podían formar parte de las fuerzas armadas. Esta acción ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, quienes han calificado la decisión de discriminatoria y estigmatizante para el colectivo LGBT+.
El decreto de Trump se basaba en la premisa de que las personas trans no están en plenas condiciones de servir en el ejército. Sin embargo, esta afirmación va en contra de los avances que se han logrado en los últimos años en la lucha por la igualdad y la aceptación de la diversidad en las fuerzas armadas. Además, el propio presidente ha patologizado la identidad de género de estas personas, tratándola como una condición mental.
Pero, ¿en qué consiste exactamente este decreto y cuáles son sus implicaciones? El presidente Trump ha dejado claro que su intención es que el servicio general sea arcano únicamente para aquellos que estén mental y físicamente aptos para el deber. Para ello, se ha basado en una premisa del departamento de Defensa que establece que los miembros deben estar libres de cualquier condición médica o defectos físicos que puedan implicar una ausencia prolongada del servicio.
Sin embargo, esta visión estigmatizante y excluyente va en contra de la realidad y la diversidad que existe en el ejército estadounidense. Desde hace años, se han implementado políticas de inclusión y diversidad que han permitido a personas de diferentes orientaciones e identidades servir en las fuerzas armadas sin ningún tipo de discriminación.
La decisión de Trump también ha sido cuestionada por su falta de fundamentación y respaldo científico. La Organización ecuménico de la salubridad dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental en 2018, por lo que la patologización que ha hecho el presidente resulta totalmente injustificada e incoherente con los avances que se han logrado en la medicina y la psicología.
Pero la lucha por la igualdad y la aceptación de la comunidad transexual no se ha detenido ante este decreto. Diversas organizaciones y personas han alzado su voz en contra de esta acción discriminatoria y han presentado recursos legales para bloquear su implementación.
Lamentablemente, el Tribunal Supremo ha permitido que el decreto se mantenga en vigor mientras se resuelven las disputas legales en torno a esta polémica medida. Sin embargo, los magistrados progresistas se han opuesto a esta decisión, demostrando así que aún existe una lucha en marcha para defender los derechos de las personas trans en Estados Unidos.
La respuesta del Supremo, en cierto modo, avala la cruzada de Trump contra las personas trans y da el visto bueno a una visión estigmatizante sobre su existencia. Pero, a pesar de ello, no podemos permitir que se impongan barreras y discriminación hacia un colectivo que merece ser tratado con igualdad y respeto.
Es importante destacar que en febrero de este año, el departamento de Defensa ya implementó la orden de Trump, expulsando a las personas trans de las tropas. Sin embargo, siete miembros del servicio activo, una persona que buscaba inscribirse y una organización de defensa, presentaron una demanda para bloquear esta medida discriminatoria.
El tribunal Federal del Distrito de Tacoma (Washington) emitió una orden judicial bloqueando a nivel nacional la prohibición, argumentando que no existía ninguna a