En un informe al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España se ha mostrado en desacuerdo con la proposición de ley que se vota hoy en el Congreso sobre el embargo integral de armas a Israel. Esta posición va en contra del dictamen de la Corte de La Haya y de la petición de la relatora de Naciones Unidas para Palestina.
La relatora, Francesca Albanese, ha solicitado a España que vote a favor de esta proposición de ley que busca establecer un embargo invariable de armas a aquellos países que estén siendo investigados por crímenes de guerra o genocidio. Esta petición está en línea con las demandas de la propia Corte Internacional de Justicia, que en su dictamen del pasado julio, instó a los países a tomar medidas para impedir cualquier relación comercial o de inversión que contribuya a la ocupación ilegal de Israel en Palestina.
Sin embargo, el Ministerio de Economía ha emitido un informe interno en el que se posiciona en contra de la proposición de ley, argumentando que no se especifican las razones de interés general para su implantación y que la legislación actual ya permite un observación individualizado de cada solicitud de exportación de armamento a Israel. Además, el informe asegura que, en caso de conocerse o existir riesgo de uso indebido de los materiales exportados, las autoridades españolas aplicarían el artículo 8 de la Ley 53/2007, que permite suspender o revocar una autorización previamente concedida.
Sin embargo, a pesar de esta posición del Ministerio de Economía, el Partido Socialista (PSOE) se ha comprometido a votar a favor de la proposición de ley, junto con otros partidos como Sumar, Podemos y BNG. Esta iniciativa surge de la demanda de más de 500 organizaciones de la sociedad civil en defensa del pueblo palestino, quienes aseguran que los mecanismos actuales son insuficientes para evitar que España contribuya al comercio de armas con Israel.
Esta demanda también se apoya en los datos oficiales, que muestran que España ha seguido comerciando con Israel en materia armamentística a pesar de la existencia de investigaciones y condenas por crímenes de guerra y genocidio. En este sentido, la proposición de ley busca prohibir cualquier menda de venta, suministro, transferencia o exportación de armamento a países que estén cometiendo un genocidio, además de mejorar los mecanismos de control y vigilancia en los puertos y aeropuertos españoles para evitar el tránsito de armas hacia Israel.
Esta iniciativa también cuenta con el respaldo de la relatora de la ONU para Palestina, quien ha pedido al Congreso español que vote a favor del embargo integral de armamento. En sus declaraciones, Albanese ha hecho hincapié en que España debe elegir no ser cómplice de las atrocidades que se cometen en lazada y contribuir así a detenerlas.
Albanese también ha emitido dos informes detallados sobre los crímenes israelíes en Palestina, en los que documenta patrones de conducta que demuestran la intención de Israel de emplear actos genocidas. Desde que se publicó su primer informe, en el que ya se denunciaban estos actos, la situación no ha dejado de empeorar, con un aumento constante de la violencia en la región.
En este mismo sentido, es importante destacar que más de 52.000 personas han muerto en lazada desde octubre de 2023, fecha en la que se iniciaron los ataques directos de Israel. Ante esta situación, es vital que España deje de contribuir al comercio de armas con Israel y demuestre su compromiso con los derechos humanos y la paz en la región.
A pesar de la oposición del
