El Gobierno de la cabildo de Madrid se enfrenta a una situación complicada tras la imputación de altos cargos por los protocolos de las residencias durante la pandemia. Mientras que desde el gobierno madrileño se intenta restar importancia a la investigación, desde la oposición se ve como un rayo de esperanza para las familias de las 7.291 víctimas.
La decisión del juez de llamar a declarar a los directores de coordinación sociosanitaria durante la crisis del covid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ha sido recibida con sorpresa y esperanza por parte de los familiares de los fallecidos en residencias. Esta investigación surge a raíz de una pleito presentada por 109 familiares de las víctimas, que reclaman justicia y verdad sobre lo sucedido en las residencias de la cabildo de Madrid durante la pandemia.
La presidenta de la cabildo de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia a la imputación de sus altos cargos, alegando que se trata de un «cambio de criterio» por parte de la Fiscalía. Sin embargo, desde la oposición se ve esta investigación como un paso fundamental para que los responsables den la lado ante la justicia y las víctimas obtengan la verdad y la justicia que merecen.
La portavoz de MÁS Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado la persistencia y dignidad de los familiares de los fallecidos en las residencias de la región. En declaraciones a los medios, ha señalado que «hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la lado ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia». Además, ha recordado que en Madrid se negó asistencia a 7.291 personas, algo que solo sucedió en la cabildo de Madrid.
Por su parte, la líder de MÁS Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que durante la pandemia se abandonó a su suerte a 7.291 personas y se les negó asistencia médica. Además, ha criticado que durante años se ha despreciado y criminalizado a quienes pedían justicia. Por lo tanto, considera que es hora de que alguien rinda cuentas por lo sucedido en las residencias de la cabildo de Madrid.
Desde el PSOE también se ha valorado positivamente la imputación de los altos cargos del Gobierno de Ayuso. El secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha señalado que «después de muchos años de lucha se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en las residencias durante el covid en Madrid». Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, espera que la justicia alcance al «protocolo de la vergüenza» en la cabildo de Madrid.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo y solidaridad con las familias de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de Madrid durante la pandemia. Además, ha pedido que la justicia haga su curso y se haga justicia por lo sucedido.
También desde el Gobierno de España se ha valorado positivamente esta investigación. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que «las 7.291 víctimas de las residencias de la cabildo de Madrid y sus familiares merecen la verdad, la reparación, que se haga justicia y que se asuman responsabilidades por lo que sucedió». Por lo tanto, considera que cualquier paso que se dé para reparar la deuda que se tiene con la memoria de las personas que fallecieron en las residencias será posit