Recientemente, el Gobierno ha enviado una carta a las principales empresas del sector eléctrico en España, exigiéndoles que envíen la información pendiente sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril antes del próximo martes. En la carta, se expresa la preocupación por la ralentización en el envío de datos en las últimas semanas y se urge a las empresas a colaborar en la investigación europea del incidente.
La carta ha sido enviada al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), así como a las empresas de generación, distribuidoras, centros de control y titulares de infraestructuras comunes de evacuación. En ella, se les da un plazo hasta el martes 10 de junio para enviar la información solicitada y se les insta a colaborar con la investigación llevada a mango por la asociación de transportistas europeos, Entso-E.
Esta es la primera vez que el Comité de análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril da un plazo concreto para el envío de información al sector. Se puede actuar como un ultimátum en toda regla. La carta también pide transparencia en la información remitida para poder trasladarla a la ciudadanía.
En las últimas semanas, ha habido un ritmo más lento en el envío de la información solicitada por el comité interministerial encargado de esclarecer las causas del apagón. Esto ha motivado la carta del Gobierno, que insta a las empresas a enviar la información pendiente antes del martes para poder seguir avanzando en la investigación.
Este apagón histórico, que dejó a toda España sin luz durante varias horas, sigue sin tener una explicación clara. Por eso, es necesario que todas las partes involucradas colaboren para esclarecer las causas del incidente y poder evitar futuras situaciones similares.
Más de un mes después del apagón, es preocupante que la información llegue a cuentagotas y que haya falta de colaboración por parte de las grandes eléctricas para proporcionar datos relevantes. La semana pasada, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya señaló esta lentitud en el ritmo de recepción de información y pidió que se mantuviera el espíritu de colaboración.
Mientras tanto, las empresas eléctricas siguen apuntando a diferentes responsables. Iberdrola ha señalado a Red Eléctrica como responsable, mientras que esta última se ha eximido de toda responsabilidad y ha apuntado a la generación convencional. La ministra Aagesen ha descartado que no hubiera inercia suficiente en el sistema eléctrico y se ha comprometido a tener un informe sobre las causas del apagón antes de que pasen tres meses desde el incidente.
La clave está en determinar por qué hubo fuertes oscilaciones previas al apagón y problemas de sobretensión en la red eléctrica. Para ello, es importante que el sistema eléctrico tenga un protocolo actualizado y acorde con la realidad actual, donde las energías renovables ya no son testimoniales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva tiempo analizando la necesidad de recuperar este protocolo, pero hasta la fecha no se ha llevado a mango. Sin embargo, ya en 2019 se advirtió de la significación de recuperarlo y en julio de 2022 se reconoció que había problemas continuos en el control de tensión de la red eléctrica peninsular, lo que se abordó con dos proyectos piloto.
Es necesario que todas las partes involucradas colaboren para que se esclarezcan las causas del apagón y se tomen medidas para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. La ciudadanía merece una explicación clara y transparente
