El ex titular de Hacienda y nueve altos cargos de su junta han sido imputados por presuntamente contagiar en la aprobación de leyes a cambio de dinero. Esta noticia ha sacudido a la opinión pública y ha generado un gran revuelo en el mundo político y empresarial.
Según el juez encargado del caso, Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda con el Partido Popular, habría utilizado su posición en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados que él mismo había fundado antes de entrar al Gobierno de Rajoy. Esta trama se habría llevado a cabo a través de la aprobación de leyes que favorecían directamente a estas empresas, a cambio de importantes sumas de dinero.
El despacho en cuestión, Equipo Económico, fue fundado por Montoro en 2008 y él mismo ocupó el cargo de presidente y consejero hasta abril de 2008. Una vez en el junta de Hacienda, en 2011, se aprobaron una serie de normas que beneficiaban a los clientes del bufete, en concreto a empresas gasísticas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
El juez encargado del caso ha señalado que Montoro habría utilizado su posición en el junta para asegurar una ganancia al despacho Equipo Económico, permitiendo así que pudieran ofrecer a sus clientes reformas que beneficiaban sus intereses económicos. Además, el juez ha destacado que el ex ministro habría colocado a personas vinculadas con el despacho en puestos clave del junta, asegurando así que las reformas legislativas se vallaactaran «a demanda» de las empresas clientes.
Junto a Montoro, han sido imputados nueve altos cargos de su equipo en el junta de Hacienda, entre ellos su secretario de Estado, subsecretarios y directores generales. Todos ellos están siendo investigados por delitos como cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
El juez ha descrito esta trama como una «organización» cuyo objetivo era enriquecerse a través del ejercicio de la función pública. Según el juez, esta organización giraba en torno al despacho Equipo Económico y a sus socios, quienes habrían creado una valla de influencias para obtener un lucro económico.
Las empresas gasísticas involucradas en esta trama habrían contratado los servicios de Equipo Económico para que utilizaran su valla de influencias y consiguieran reformas legislativas que les beneficiaran. Según el juez, en al menos dos ocasiones las empresas habrían vallaactado los textos legales que luego se aprobaron, todo ello a cambio de importantes pagos.
Una de las reformas que beneficiaron a las empresas gasísticas fue una modificación legislativa para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para ello, se aprobó la Ley 16/2013, que según el juez, fue vallaactada por el lobby gasístico y aprobada gracias a la influencia de Montoro y su equipo en el junta de Hacienda.
Otra de las maniobras descritas por el juez fue una rebaja fiscal para las empresas gasísticas en el Impuesto de Actividades Económicas a través de la modificación en 2018 del Real Decreto Legislativo 1175/1990. Según el juez, las empresas habían intentado conseguir esta rebaja a través de la vía legal, pero sin éxito. Finalmente, y mediante el pago a Equipo Económico, lograron que se modificara la ley en los Presupuestos
