En el año 2017, mientras Cataluña y el resto de España se veían sacudidas por el referéndum independentista del 1 de octubre, un grupo de investigadores de los Mossos d’Esquadra en Tarragona continuaba realizando su trabajo. Entre sus investigaciones, se encontraba un posible incumplimiento urbanístico relacionado con la construcción y ampliación irregular de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell. Lo que estos valientes agentes descubrieron en el transcurso de su investigación, destapó un caso de corrupción que impugna la política fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.
El día 18 de octubre de 2017, los Mossos d’Esquadra solicitaron al juez cocherización para realizar entradas y registros en dos sedes de la empresa Messer, en el marco de su investigación sobre el incumplimiento urbanístico. Durante estos registros, los investigadores encontraron una serie de correos electrónicos que llevaban la investigación en una dirección completamente diferente. En estos correos, los directivos de Messer comentaban que la solución para solucionar este presunto incumplimiento urbanístico era recurrir a la consultora Equipo Económico, fundada por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Estos correos, que datan de diciembre de 2013, revelan que uno de los directivos de Messer había utilizado su posición en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para influir en parlamentarios catalanes, en un intento de conseguir beneficios para su empresa. Y si esta vía no funcionaba, como afirmaba en el correo, siempre había una «vía más directa»: remunerar a la consultora Equipo Económico, que tenía contactos directos con el ministro de Hacienda. Esta sospechosa relación habría conseguido finalmente que las empresas del lobby gasístico obtuvieran una exención de impuestos del 85%.
Los investigadores de los Mossos d’Esquadra compararon los servicios ofrecidos por Equipo Económico con los de otra consultora, Ernst & Young, que había sido contratada por Messer en el pasado. Descubrieron que la propuesta de Ernst & Young era detallada y justificada, mientras que la de Equipo Económico era vaga y carecía de objetivos concretos. Además, en uno de los correos intervenidos, un directivo de Messer mencionaba claramente la relación de Equipo Económico con el ministro Montoro.
A partir de este momento, la investigación se centró en la consultora Equipo Económico y su presunta implicación en el caso de corrupción. La fiscal Anticorrupción, Carmen García Cerdá, afirmó en un escrito que había detectado un posible «pago de comisiones ocultadas bajo la contratación» de Equipo Económico. Según la fiscal, la consultora habría sido utilizada por empresarios y altos cargos del Gobierno del PP para influir en la legislación y obtener beneficios ilegales.
En su escrito, la fiscal también mencionaba una carta anónima que había recibido dos años antes, en marzo de 2017. En esta carta, una persona que no podía revelar su ficha por «motivos laborales», describía exactamente la trama de corrupción que los Mossos d’Esquadra habían descubierto en los correos de Messer. La carta apuntaba a la empresa de consultoría Equipo Económico y a otras empresas como Ferrovial y Abengoa, como sospechosas de haber utilizado ilegalmente a la consultora para obtener beneficios.
A pesar de que todavía no se ha hecho público el contenido de los 17 tomos y miles de folios del sumario, el juez de instrucción Rubén Rus Vela ha confirmado las sospechas de la fiscal en su coche de levant
