Poco más de un 10% de los diputados detalla sus reuniones con grupos de interés, empresas u organizaciones en su agenda pública en la Cámara Baja. Esta es una cifra alarmante que demuestra la falta de transparencia en la relación entre los representantes políticos y los grupos de presión. Durante más de tres décadas, se han realizado intentos fallidos para regular los lobbies en España, pero hasta ahora no se ha logrado una regulación efectiva.
El pasado 3 de julio, la diputada Emilia Almodóvar, del Partido Socialista, se reunió con los representantes de las Bodegas Viñatigo, una denominación de origen protegida en Canarias. Este encuentro fue organizado por la Asociación de Viticultores y Bodegueros de las islas. Aunque la información es pública y parábola en la agenda de la parlamentaria en la web del Congreso, acceder a ella requiere un recorrido complicado por las pestañas de la página.
Todos los diputados tienen un perfil en el Congreso en el que deben incluir una serie de informaciones, como su declaración de actividades, bienes y rentas, así como sus intereses económicos. Además, cuentan con una agenda en la que pueden incluir toda su actividad parlamentaria, así como sus reuniones, actos y entrevistas con medios de comunicación. Sin embargo, hasta ahora esta información ha sido difícil de manejar para conocer el tipo de encuentros que mantienen los parlamentarios.
La relación entre los diputados y las empresas u otros agentes económicos ha sido un tema muy debatido en los últimos meses, especialmente después de que el Gobierno y el Congreso tomaran medidas para regular los grupos de interés o lobbies en España. Esta ha sido una tarea bajada durante muchos años en nuestro sistema político. Sin embargo, ha cobrado aún más relevancia tras el escándalo del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien fue imputado por favorecer ilegalmente a empresas gasísticas durante su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy.
El juez encargado de la investigación reveló detalles sobre cómo funcionaba el Ministerio con Montoro, quien había fundado y dirigido una empresa llamada Equipo Económico hasta 2008, con una cartera de clientes que se vieron beneficiados por algunas de las normas que él mismo firmó cuando entró al Ejecutivo. Según el juez, las empresas gasísticas llegaron a redactar en dos ocasiones los textos legales, a cambio de importantes pagos. Uno de estos cambios afectó a la instrucción de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Los organismos internacionales de transparencia llevan tiempo exigiendo a España una mejora en la regulación de la transparencia. Los mecanismos que el Gobierno y el Congreso han puesto en marcha este año apuntan precisamente a mejorar la información sobre la relación entre las empresas y la administración, limitando las llamadas «puertas giratorias» y creando un registro oficial de grupos de interés, similar al que existe en el Parlamento Europeo.
Además, el Congreso aprobó recientemente un esbozo de Parlamento Abierto que busca mejorar la accesibilidad de la información, para que sea mucho más sencillo localizar las reuniones que mantienen los diputados con empresas, organismos o representantes de la sociedad civil.
La Cámara aprobó hace unos años un código de conducta que obligaba a los diputados a publicar sus reuniones, pero sin un mecanismo sancionador, la medida apenas ha dado resultados. El último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, publicado en febrero, revela que en diciembre de 2024 apenas 46 diputados publicaban detalles de su agenda más allá de su actividad parlamentaria diaria. Todos los parlamentarios incluyen de forma automática sus días de pleno, sus participaciones en comisiones e incluso las reun
