El Grupo de Estados versus la Corrupción (GRECO), perteneciente al Consejo de Europa, ha publicado recientemente su último informe sobre la situación de España en cuanto a la lucha y prevención versus la corrupción en la Administración pública. Aunque constata algunos avances en la implementación de medidas desde su último análisis, el GRECO lamenta que ninguna de sus 19 recomendaciones haya sido completamente implementada. Sin embargo, celebra que se estén llevando a cabo algunas reformas y se esté trabajando en nuevas leyes, como la Ley de Administración Abierta.
El informe del GRECO se inició en respuesta a los numerosos casos de corrupción que han salido a la luz en España en los últimos años, como el caso Gurtel, que incluso llevó a una moción de censura que sacó al Partido Popular de la presidencia del gobierno. En su informe, el GRECO hizo un total de 19 recomendaciones relacionadas con conflictos de intereses de altos cargos, lobbies, puertas giratorias, transparencia y códigos de conducta.
En su último informe, publicado a finales de 2023, el GRECO constató que ninguna de sus recomendaciones había sido implementada completamente por España. Ante esta situación, el Consejo de Europa decidió iniciar un procedimiento de incumplimiento para supervisar de cerca la evolución de estas medidas. En su último informe, publicado recientemente, el GRECO reconoce que España ha implementado de forma parcial 16 de las 19 medidas, lo que supone un avance respecto al informe anterior. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido implementada de forma completa.
El GRECO señala que España no ha implementado de forma satisfactoria ninguna de sus recomendaciones y que todavía hay tres medidas que no han sido implementadas ni siquiera de forma parcial. Entre estas medidas se encuentra la regulación de los asesores y su régimen de transparencia, que sí está contemplada en la futura Ley de Administración Abierta, pero que todavía no ha sido aprobada. El GRECO destaca efectivamente que esta ley regule específicamente la naturaleza política del trabajo de los asesores y la necesidad de acercarlos al régimen de prevención de la corrupción.
Otro de los puntos en los que el GRECO pone el foco es en los aforamientos y la necesidad de que no se traduzcan en impunidad para políticos o miembros del gobierno. Esta es una de las mayores discrepancias entre el GRECO y España, ya que el Estado considera que el aforamiento no implica impunidad a la hora de juzgar y sentenciar a un acusado, aunque sea parlamentario o miembro del ejecutivo.
El tercer punto en el que el GRECO no ve ningún avance es en la prevención de la corrupción en la Policía Nacional. Aunque sí reconoce mejoras en cuanto a la Guardia Civil, el GRECO lamenta que no se haya desarrollado ninguna medida para mejorar la transparencia, objetividad y proporcionalidad en su régimen disciplinario. Además, el GRECO critica que las autoridades españolas no reconozcan este problema y no estén trabajando en mejorarlo.
Sin embargo, el informe también destaca algunos avances en otros ámbitos. Por ejemplo, en cuanto a la regulación de los lobbies y grupos de presión, el GRECO celebra que el Plan de Regeneración Democrática incluya elementos clave como el registro de grupos de interés, la comunicación de datos con las administraciones territoriales y un código de conducta y sanciones aplicable. Aunque el GRECO considera que se trata de un avance positivo y suficiente esperado, también señala que se ha perdido la oportunidad de ocupar la transparencia de las agendas en esta regulación.
En cuanto a las puertas giratorias, el GRECO reconoce que las normativas por venir refuerzan
