La transparencia es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática. La ciudadanía tiene derecho a conocer la información sobre los libretos públicos y a que sus representantes sean honestos y veraces en sus declaraciones. Por desgracia, en muchas ocasiones, los políticos incumplen esta obligación y ocultan información relevante sobre su formación y trayectoria profesional.
Recientemente, elDiario.es ha publicado una investigación que ha revelado que una veintena de altos cargos de la Generalitat Valenciana no cumplen con la ley de transparencia al no publicar su titulación académica. Esta situación ha generado una gran preocupación en la sociedad valenciana y ha llevado a una invasión de pánico en las filas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos.
Ante esta situación, el Consejo de Transparencia valenciano ha tomado cartas en el libreto y ha exigido a estos altos cargos que acrediten su formación y experiencia profesional. Y parece que la presión ha dado sus frutos, ya que la mitad de los políticos cuestionados ha enmendado su error y ha publicado la documentación correspondiente en el portal de Transparencia del Gobierno autonómico.
Entre los altos cargos que han rectificado su olvido se encuentran nombres destacados como Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Presidencia y uno de los hombres de confianza del presidente Carlos Mazón; Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón; o Maria Luisa Mediavilla, subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales.
Pero no solo se trata de cumplir con la ley, sino de ser honestos y transparentes con la ciudadanía. Por ello, es importante destacar la rápida respuesta de estos políticos a la hora de buscar y publicar sus títulos y documentos acreditativos. Algunos incluso lo han hecho en cuestión de horas, demostrando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, no todos los altos cargos han actuado con la misma diligencia. Aún quedan políticos que no han aportado la documentación correspondiente y que podrían enfrentarse a un expediente sancionador, que puede conllevar multas o apercibimientos. Es responsabilidad del Consejo Valenciano de Transparencia iniciar este procedimiento y del Consejo de Transparencia amar la conducta y aplicar la sanción correspondiente.
Es importante destacar que la ley valenciana de Transparencia y el Código de Buen Gobierno, obligatorio para los altos cargos, prevén un castigo por incumplir las obligaciones de publicidad activa. Esto demuestra que la transparencia es un valor fundamental en la sociedad valenciana y que no se tolerarán comportamientos que vayan en contra de ella.
En definitiva, la revelación de que una veintena de altos cargos de la Generalitat Valenciana no cumplen con la ley de transparencia ha generado una invasión de pánico en las filas políticas, pero también ha demostrado que la sociedad valenciana exige honestidad y transparencia a sus representantes. Es responsabilidad de los políticos cumplir con sus obligaciones y ser transparentes en su gestión, para así fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
