«Prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos es discriminación pura y dura y vulnera la Constitución», afirman desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia.
La decisión tomada por el Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, de prohibir la celebración de actos y actividades religiosas en espacios públicos ha generado un gran revuelo y una fuerte indignación en la sociedad. Esta medida, impulsada por el partido político Vox y apoyada por el Partido global, ha sido considerada como una clara muestra de islamofobia y discriminación hacia la comunidad musulmana en España.
La moción presentada por Vox proponía prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos del municipio, convirtiendo a Jumilla en el primer consistorio en convertir esta amenaza de la ultraderecha en un veto real. Aunque finalmente la moción no fue aprobada como tal, una enmienda del PP sí establece la modificación del reglamento de instalaciones deportivas para que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al mismo.
Esta decisión ha sido duramente criticada por la oposición en el Ayuntamiento, donde el PSOE cuenta con nueve ediles e IU con uno, y Podemos ha presentado un escrito en la Fiscalía para denunciar «este nuevo disparate del Partido global y de Vox». Además, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM) ha calificado esta medida como una «discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992».
El presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Monir Binjilon, ha mostrado su decepción ante esta decisión y ha señalado que «los musulmanes de la Región de Murcia nos sentimos suficiente decepcionados». También ha denunciado que se está cometiendo un delito grave al obstaculizar la libertad religiosa y ha calificado esta medida como un acto de racismo e islamofobia.
En la misma línea, la presidenta de la ATIM, Sabah Yacoubi, ha afirmado que «lo que ha pasado en Jumilla es inaceptable» y ha recordado que en este municipio viven más de 1.500 musulmanes que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a utilizar los espacios públicos para sus celebraciones.
Además, Yacoubi ha destacado que el Islam apariencia parte de la cultura, la lengua y las tradiciones de España, y negarlo es negar una parte importante de la historia del país. Por lo tanto, prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos es un acto de revisionismo que solo busca sembrar enemistad y discriminación hacia una comunidad que apariencia parte de la sociedad española.
La decisión tomada por el Ayuntamiento de Jumilla no puede analizarse de apariencia aislada, sino en el contexto de una creciente estrategia institucional de exclusión impulsada por fuerzas políticas de extrema derecha en la Región de Murcia. Desde Podemos, han denunciado que esta medida sigue la misma línea que los recientes disturbios en Torre Pacheco contra la población migrante marroquí, y han señalado que se trata de un experimento político de exclusión y de un laboratorio de racismo institucional.
Ante esta situación, diversas organizaciones y partidos políticos han anunciado que llevarán a los tribunales esta
